El pasado cinco de mayo, cerca de dos mil personas, entre miembros de la UNAM, asociaciones feministas y colaboradores externos en solidaridad con la causa, marcharon desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta rectoría, en demanda al esclarecimiento de la muerte de la joven Lesby Berlín Osorio Martínez, de 22 años, que fue encontrada ahorcada con un cable telefónico cerca del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria.

La organización de la marcha se debió, principalmente, a los tuits publicados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que estos hacían referencia a que la víctima se había alcoholizado y drogado (sin dejar de recalcar que no pertenecía a la UNAM), en lugar de dar información relevante sobre la investigación.

La madrugada del miércoles tres de mayo, fue hallado el cuerpo de la víctima. Al día siguiente, sus familiares la reconocieron y apenas unas horas después, los tuits emitidos por la PGJ intentaban esconder una realidad mucho más apremiante.

Lesby fue asesinada en CU, pero ella no pertenecía a CU. No terminó el bachillerato y debía materias. Vivía con su novio, se había separado de sus padres y se ganaba la vida paseando perros. Se drogaba, había estado emborrachándose con unos amigos. Le hizo pleito a su novio y por eso la dejó sola en la noche. De pronto, la idea de su asesinato no sonó tan descabellada. Incluso, podía decirse, tenía sentido que hubiese ocurrido.

Se habló de asesinato, pero más de suicidio; porque las declaraciones oficiales apuntaban a que se trataba de alguien realmente inestable, que pudo recurrir a ese método por la influencia de las drogas.

Estos rumores se expandieron por las redes a raíz del comunicado de la PGJ, y con ellos, la indignación de muchos. La respuesta fue una tendencia en Twitter con el hashtag #SiMeMatan en la que los usuarios hacían alusión a los aspectos negativos que recalcaría la PGJ si ellos fueran asesinados, con el objetivo de incriminar a la dependencia por la re-victimización de Lesby. A su vez, a través del hashtag #NiUnaMenosUNAM, se realizó la convocatoria para la marcha del cinco de mayo.

El contingente partió de la explanada del auditorio Flores Magón, ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; se detuvo de forma simbólica en la cabina de teléfono donde fue hallada la víctima; algunas personas leyeron poemas y dejaron flores. Ya en rectoría, se realizó un foro improvisado donde la madre de la víctima, Araceli Orozco, expresó su agradecimiento a los que se habían unido al contingente y desmintió lo que las autoridades dijeron respecto a su hija.

“Estaba estudiando idiomas. Mi hija tenía conocimiento de lenguas extranjeras como el inglés, francés, catalán, rumano. No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta”

Expresó además que si la familia de Lesby no había manifestado antes su inconformidad, se debía a que aún trataban de entender todo lo que había pasado, cómo lidiar con la muerte de su hija y todo aquello de lo que los medios le acusaban. Recalcó que no era posible que se siguieran cometiendo este tipo de abusos de parte de las autoridades, en que hacen parecer que las mujeres tienen la culpa de lo que les pase.

La marcha finalizó cerca de las seis de la tarde. Además de la exigencia de esclarecimiento del asesinato, el contingente pidió que se aumentara la seguridad dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria, así como generar una red entre universidades que permita difundir la problemática de la violencia de género.

Este movimiento tuvo una fuerte divulgación en los medios, también provocado por lo que se consideran “actos vandálicos” de parte de los manifestantes. Con aerosoles, se pintaron consignas sobre bancas y paredes cercanas a rectoría, y especialmente sobre el letrero #HechoEnCU, ubicado en el mismo lugar. Las protestas por estos actos generaron una polarización de la opinión pública, donde se cuestionaba tanto si el valor de una vida era menor que el de unas paredes rayadas, como si era necesario dañar el patrimonio de la UNAM durante la protesta.

Otra circunstancia a considerar refiere al uso de la palabra “feminicidio” para referir al crimen contra Lesby Osorio. Dado que hasta el momento se desconocen los motivos de su muerte, y que el término es considerado como el asesinato violento de la mujer por motivos de género, resulta impreciso tratarlo como tal hasta que las autoridades no difundan sus averiguaciones respecto al caso.

Si bien el movimiento tenía ciertos criterios erróneos desde sus inicios, resulta sorprendente que los actos vandálicos al final resultaran más significativos que el propio hecho. Es importante recordar que, independientemente de sus conductas, se trata de una chica asesinada en Ciudad Universitaria, lugar de una gran cantidad de estudiantes que día a día recorren las mismas calles que ella y que, por lo tanto, también están en riesgo al menos que se tomen las medidas adecuadas.

Con respecto a los tuits de la PGJ, el procurador Rodolfo Ríos Garza exigió que fueran retirados de la red. Comunicación Social, unidad administrativa que forma parte de Administración Pública y es responsable de los mensajes en Twitter, ofreció una disculpa por el grave error.

A pesar de esto, Rebeca Peralta, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de la CDMX, exigió sanciones a los responsables alegando la necesidad de marcar un precedente, para que ya no exista autoridad que considere que un homicidio es justificable por las condiciones de la persona y mucho menos por su género.

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